El único debate electoral, en noviembre, entre los dos principales candidatos a presidir Argentina, Mauricio Macri y Daniel Scioli, tuvo un momento estelar. "No pudiste terminar con los trapitos y hablas de solucionar el narcotráfico", le espetó Scioli, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Macri, entonces alcalde de la capital. Los trapitos, personas que exigen dinero a cambio de cuidar el coche en la calle y suelen llevar un trapo en la mano, son un problema frecuente en grandes capitales del mundo pero en Argentina se está convirtiendo en un asunto de Estado, tanto que fue clave en ese debate, donde Macri no supo qué responder. Después ganó las elecciones y dejó en la alcaldía a su mano derecha, Horacio Rodríguez Larreta, pero el problema sigue. Los trapitos se han convertido en un grupo de extorsión generalizado que está ya en casi todos los barrios de la capital y también en el llamado conurbano, la concentración urbana aldededor de Buenos Aires, que conforma así una de las mayores megalópolis del planeta.
Una brutal agresión a un joven que se negaba a pagar la tarifa marcada por los trapitos en San Martin (al noroeste de la capital) ha puesto de nuevo en primer plano el problema que aún nadie ha sido capaz de resolver y en el que claramente hay una connivencia policial y política. Los trapitos suelen tener vinculaciones directas con el mundo de los barra bravas (ultras del fútbol) que tienen potentes vínculos políticos porque se utilizan para batallas locales entre dirigentes de partidos o sindicatos.
La agresión a Leonel Biassutti, de 26 años, tiene todos los componentes para mostrar la realidad del submundo de los trapitos, que recaudan miles de pesos a lo largo del año con tarifas que van desde los 40 pesos (poco menos de 3 dólares) por aparcar en la vía pública en una zona de discotecas o actividades infantiles -el zoo por ejemplo- hasta los 100 pesos en los alrededores de un estadio o un concierto de música (poco más de 7 dólares).
Todos cuentan con una importantes organización detrás. En los alrededores de La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, por ejemplo, los trapitos piden al cliente que deje el coche en tercera o cuarta fila sin freno de mano y ellos los van moviendo por toda la calle a medida que la gente abandona el estadio. Incluso entregan al cliente su número de teléfono para mayor garantía. Todo a plena luz del día y con la evidente connivencia policial. En algunos lugares, sobre todo parques públicos los fines de semana, son más suaves y solo piden "la voluntad", esto es algo opcional. Otros son mucho más agresivos, especialmente en los barrios de restaurantes y discotecas. Aunque uno aparque correctamente su coche en una zona permitida, aparecerá el trapito para cobrar la tarifa. Casi nadie se niega por miedo a que le destruyan el coche en cuanto desaparezca.
El agredido en San Martín sin embargo se resistió a pagar a una mujer que hacía de trapito en una zona de discotecas. Apareció su supuesto jefe, un hombre corpulento, y le pegó un puñetazo que lo tumbó. Tiene fracturada la mandíbula y la órbita del ojo y cinco puntos en la nuca. Tendrá una fijación en la boca durante 40 días. Esta situación sería una más si no fuera porque la agresión quedó registrada en un vídeo que ha indignado a los argentinos.
La historia se cierra al saber que el agresor, Fernando Abelik, trabaja en el ayuntamiento precisamente en el área de Tránsito (tráfico), lo que apunta a una organización dentro del propio municipio para cobrar esa tarifa ilegal por estacionar en la calle. El agresor niega que tenga que ver nada con los trapitos y asegura que solo defendió a la mujer, pero ha sido detenido.
Ahora los políticos de uno y otro bando se tiran el problema a la cabeza. En San Martín gobierna Gabriel Katopodis, un hombre que después de estar aliado con el kirchnerismo y romper con ellos volvió a pactar en las últimas elecciones con el grupo que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Katopodis aseguró que el empleado municipal será despedido y remató: "Estos tipos van a terminar en la cárcel".
El macrismo reavivó su intención de aprobar una ley contra los trapitos, algo que ya se intentó sin éxito en cinco ocasiones. Los trapitos suelen quedar sin sanción porque es muy difícil probar que el pago no fue voluntario sino fruto de una extorsión. Un problema sin aparente solución que ya es un tema de máxima relevancia para los ciudadanos.
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